El Ministerio Público informó que un allanamiento que ha realizado este lunes en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana es parte de una investigación que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizan sobre supuestos obstáculos que miembros de dicho organismo habrían impuesto a indagatorias judiciales.

El allanamiento ha contado con la autorización de la procuradora general Miriam Germán Brito.  Ha estado a cargo de  Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca,  acompañado de la directora general de Persecución, Yeni Berenice, un amplio equipo de fiscales y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El propósito del mismo es, de acuerdo a lo explicado, ha sido salvaguardar  informaciones útiles para la indagatoria del Ministerio Público.

«La Operación Caracol llevó a que un amplio contingente policial, integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, tomaran el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes», indica  un comunicado del Ministerio Público.

Para la requisa de este lunes la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, emitió el 18 del presente mes de febrero una resolución.

Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

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