El Tribunal Superior Electoral (TSE) acogió la demanda de retribución patrimonial interpuesta por Manuel Regalado contra el Estado por los daños que, asegura, le causó ser acusado de complicidad en el supuesto sabotaje a las elecciones de febrero.

La demanda de retribución patrimonial incluye al Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Junta Central Electoral y los titulares de esas instituciones.

A final de junio Regalado se querelló contra los fiscales Milciades Guzmán, Edward López, Guillermo Soriano y Joan Manuel Alcántara, a quienes acusa de haberlo torturado.

Demandó al Estado por la suma de 70 millones de pesos por daños indemnizatorios.

Regalado era empleado de una compaña de una telefónica y fue acusado de complicidad en el supuesto sabotaje a las elecciones de febrero, en base a conversaciones de WhatsApp que tuvo con un miembro de la seguridad del entonces candidato presidencial Luis Abinader.

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